Desde Actrices Argentinas, a poco más de un mes del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, y tras dos reprogramaciones de reunión formal con el Presidente de la Cámara de Diputados que sufrió la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, convocamos a esta conferencia de prensa para exigir que se trate el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo durante el año en curso, dado que el próximo 20 de noviembre es la fecha límite para la presentación de proyectos en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
Las muertes por abortos clandestinos no se detienen. Ni la pandemia ni la crisis son razones válidas para seguir postergando nuestro derecho a decidir. Nos prometieron reabrir el debate en el Congreso durante 2020. Hoy, 3 de noviembre, el tratamiento de la Ley se sigue aplazando: Se siguen vulnerando los derechos humanos de más de la mitad de la población.
El proyecto de la Campaña Nacional presentado en 2019 todavía tiene pleno estado parlamentario. Como parte del movimiento de mujeres y diversidades demandamos su urgente tratamiento y aprobación, sin más dilaciones ni concesiones.
Las estadísticas son alarmantes: según cifras brindadas por LATFEM (red de periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe), son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos -el 16% de entre 10 y 19 años de edad. Estas cifras no contemplan a todas aquellas personas que no llegan a ninguna guardia, que no figuran en cifras ni estadísticas porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social.
Cada día, 7 niñas entran a una sala de partos en Argentina. A pesar de estar contempladas como sujetos de derecho a las Interrupciones Legales del Embarazo, éstas sufren dilaciones por parte de instituciones de salud estatal o privada y al hacerlo esas niñas son forzadas a parir. Judicializadas, vulneradas en todos sus derechos, traumatizadas no sólo por los abusadores sino por quienes debieran velar por su integridad, se las expone mediáticamente y somete a riesgos obstétricos junto a gravísimas consecuencias para su salud física y mental. Una tortura que está sostenida por instituciones clericales que ampara el Estado.
A los sacerdotes se les permite el ingreso a quirófanos. Se modifican informes médicos para postergar el acceso al aborto en casos en los que está permitido. Se manipulan pacientes.
No nos cansaremos de gritar, son niñas, no madres.
Denunciamos el rol activo de las Iglesias, que presionan desde colegios y universidades clericales con financiamiento del Estado, por el trato aberrante a estas niñas mientras hacen lobby para evitar el tratamiento y aprobación de la ley y la correcta implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles.
En discursos recientes se ha hablado de despenalizar, pero despenalizar no alcanza: El avance en la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo garantiza el acceso seguro y reduciría la cantidad de personas gestantes que llegan a las camas de terapia intensiva, aliviando al sistema hospitalario en consonancia con las prioridades que plantea la salud pública en la actualidad.
El Estado debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación sexual integral y laica y a gozar de una salud reproductiva sin discriminación, así como el derecho a una vida libre de tratos inhumanos o degradantes. Por último queremos alertar, ante el debate, que todo tipo de objeción de conciencia institucional vulneraría el acceso al aborto legal de forma libre, segura y gratuita.
La lucha para que esta ley sea tratada y aprobada está más vigente que nunca al calor de la inmensa marea verde que ya se ha manifestado en las calles, y no tiene vuelta atrás.
Las mujeres y diversidades nos seguimos muriendo.
Es ahora, es urgente.
Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal, seguro y gratuito para no morir
¡Que sea ley !
